Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las funciones que por ley tiene atribuídas el Instituto de la Propiedad, la cual podrá actuar de oficio o a instancia de parte. Además, es el contralor de los funcionarios y empleados del Instituto de la Propiedad, verificando que todos actúen conforme a las leyes éticas, morales y legales nacionales.
La Inspectoría General es el componente del IP en el cual la Sociedad Civil se puede abocar para que todas las acciones de este instituto vayan enmarcadas conforme a Ley y así asegurar transparencia en los diferentes procesos internos, y por ende, brindar seguridad jurídica a los bienes inmuebles en Honduras.
La Inspectoría General, fundamenta su marco de actuaciones en los artículos 19 y 20 de la Ley de Propiedad, así como en el Reglamento de dicha Ley.
Funciones
- Inspectoría General realiza el levantamiento de inventario de tomos y documentos periódicamente para llevar un control más preciso de dichos documentos. De esta manera, se inspecciona el estado en que se encuentran cada uno de los registros del país, con lo cual se evita cualquier acto de corrupción que se pueda dar en dichos registros.
- Otra de sus actividades principales se centra en investigar las denuncias presentadas tanto a petición de usuarios externos a la Institución como también las que son interpuestas por personal del mismo Organismo, lo mismo que investigaciones que son de oficio. El noventa y cinco por ciento (95%), de las mismas son presentadas por parte interesada y son contra los empleados y funcionarios de las distintas direcciones y unidades que conforman el Instituto de la Propiedad a nivel nacional y se centra a investigar las presuntas irregularidades que por acción u omisión realizan en el ejercicio de sus cargos y que afectan a partes interesadas.
- Asimismo realiza el levantamiento de inventario de tomos y documentos en los veinticuatro (24) registros a nivel nacional, investigación de las denuncias verbales y remisión de informes al Consejo Directivo.
- Participa activamente con el Ministerio Público, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Policía Nacional y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la certificación de informes denuncias a solicitud de estos entes.